Miembros de la asociación de personas usuarias de
cannabis Pannagh han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en Bilbao para
informar de las últimas decisiones judiciales acerca de la asociación, reclamar
el archivo de la causa que aún sigue abierta en Bilbao y denunciar la situación
“kafkiana” que sufren a causa de la inseguridad jurídica existente en torno al
cultivo de cannabis, que provoca que la asociación siga cerrada casi un año
después de su clausura a pesar de que, en ese plazo de tiempo, cuatro
tribunales diferentes, incluyendo una Audiencia Provincial, han considerado que
las actividades de la misma no constituyen delito alguno. En este sentido, los
participantes en la rueda de prensa han aclarado que, a consecuencia de la
decisión del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, no estaban allí en nombre
de Pannagh, sino a título individual.
Dos robos de marihuana que acaban en
reclamación de indemnización a los ladrones
En primer lugar, se ha informado de que en el
otoño de 2011 el colectivo sufrió dos robos con violencia en sus cultivos. Los
socios que custodiaban los mismos -y que sufrieron agresiones por parte de los
asaltantes- avisaron a la Ertzaintza, quien detuvo a los presuntos autores de
ambos robos. Posteriormente, los juzgados de instrucción que se ocupan de ambos
casos (el nº 3 de Bergara y el nº 2 de Durango) han convocado a los
representantes de Pannagh para que comparezcan en calidad de perjudicados y
presenten una valoración de las plantas robadas para que, en caso de ser
condenados, los presuntos autores tengan que pagar una indemnización a la
asociación. Ningún miembro de Pannagh ha sido imputado por estar cultivando
marihuana, con lo que ambos tribunales dan por sentado que nuestras actividades
son lícitas y que el cannabis que cultivamos es de nuestra legítima propiedad.
Actualmente se está a la espera de que se celebren los juicios por ambos robos.
Denunciados por denunciar
Por las mismas fechas, otro socio responsable de
un cultivo de Pannagh, situado en el valle de Aiara, sospechó de la posibilidad
de sufrir un robo. Se decidió informar de inmediato a la Ertzaintza de la
ubicación de la plantación, para lo que un vocal de la directiva y el propio
cultivador comparecieron en la comisaría de la Ertzaintza de Laudio, entregando
diversa documentación sobre el cultivo y las actividades de la asociación. A
petición de la fiscalía, a ambos se les llamó a declarar en calidad de imputados
por un presunto delito de tráfico de drogas ante el Juzgado de Instrucción nº 1
de Amurrio, que solicitó más documentación sobre los fines, funcionamiento y
economía de Pannagh. Las plantas, que no habían acabado de florecer, no fueron
arrancadas.
Cosecha y almacenaje bajo supervisión
judicial
Al llegar el momento de la cosecha, el juzgado
autorizó la recolección y secado de las plantas, a condición de que quedaran en
el mismo terreno a disposición del juzgado, que semanas después ordenó su
incautación para el pesaje y análisis. Posteriormente, se citó también a
declarar como imputado al presidente de Pannagh, tras lo cual el juzgado acordó
el archivo de la causa y la devolución de la marihuana, al entender que se
daban todas las condiciones del llamado “consumo compartido”, tal y como lo
viene definiendo el Tribunal Supremo.
La Audiencia de Álava da la razón a
Pannagh y devuelve de nuevo la marihuana a sus legítimos propietarios
La fiscalía apeló el auto ante la Audiencia de
Álava, cuya sección 2ª, en auto de fecha 10 de agosto, rechazó el recurso al
entender que, en efecto, se trataba de un cultivo que entraba dentro de los
límites que acepta la jurisprudencia. Para ello tomaba en cuenta que se trata
de una asociación legalmente constituida, que tiene entre sus fines el cultivo
de cannabis, y que dispone de un lugar privado para el consumo de los miembros,
que han de ser consumidores antes de entrar en la asociación, así como la
existencia de un auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia del año 2006,
favorable a Pannagh (y que dio lugar a la devolución de más de 17 kilos de
marihuana), de forma que era comprensible que los miembros de la asociación
consideraran que llevaban una actividad legal.
Por otra parte, la Audiencia destaca el hecho de
que haya sido la propia asociación la que ha informado de la existencia del
cultivo a la policía, lo que indica que no había intención de eludir o
quebrantar la ley. Según el auto, que cita también la sentencia absolutoria de
la Audiencia de Gipuzkoa del año 2007 sobre la asociación Ganjazz, no existe en
este caso “ánimo favorecedor, facilitador o de promoción externa”. En
consecuencia, confirma el sobreseimiento libre de la causa y la devolución de
la marihuana, que ya se llevó a cabo en las dependencias de la Ertzaintza.
Sigue la suspensión de la asociación, a
pesar de que cinco tribunales diferentes han avalado su legalidad
Sin embargo, como explicaron los miembros de
Pannagh, la existencia de una orden de suspensión de actividades de Pannagh por
parte del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao hace que la asociación no pueda
llevar a cabo el reparto de cannabis que la Audiencia Provincial ha considerado
lícito. En este sentido, es de destacar que los tres casos en que la asociación
informó a la Ertzaintza de la existencia de cultivos son anteriores a la
intervención de la Policía Municipal de Bilbao que desencadenó el cierre de la
misma. Para cuando intervino el juzgado de Bilbao, ya hacía tiempo que dos
miembros de Pannagh habían declarado en el juzgado de Amurrio acerca de las
mismas actividades de la asociación, lo que hace aún más incomprensible la
situación actual.
Tras casi un año, la asociación permanece
cerrada, su plantilla en paro, sus miembros obligados en muchos casos a
recurrir al mercado negro, y ello a pesar de que sus actividades eran del
conocimiento público y de que nada menos que cuatro tribunales distintos (tres
juzgados de instrucción y dos audiencias provinciales) las hayan considerado
legales. Los miembros de la asociación suspendida han vuelto a reclamar el
archivo de la causa y la reapertura de la asociación y han denunciado lo que
consideran indefensión, ya que ni siquiera pueden reunirse legalmente, además
de que el juez ha prohibido a la defensa el acceso a la documentación incautada,
lo que hace aún más difícil poner fin a esta situación, que consideran
inadmisible e impropia de un estado de derecho.
La disparidad de criterios entre fiscalía
y jueces provoca inseguridad jurídica, vulneración de derechos y un gasto
absurdo en represión
Los miembros de Pannagh han aprovechado también
para rechazar la actitud de la fiscalía anti-droga, que insiste en afirmar que
los Clubes Sociales de Cannabis son ilegales, alentando su persecución, y que
se niega a aceptar la evidencia de que los tribunales, que son quienes tienen
la última palabra, tienen un criterio totalmente diferente, lo que se demuestra
en las cada vez más numerosas resoluciones judiciales a favor de estas
asociaciones. Esta disparidad de criterios, junto con la indefinición y
contradicciones de la ley, provoca inseguridad jurídica, vulnera derechos y
daña la salud de muchas personas, genera un gasto absurdo al sistema judicial,
y acaba favoreciendo indirectamente el verdadero tráfico.
Esperando las conclusiones de la ponencia
del nuevo Parlamento Vasco
Los participantes han mostrado también su
esperanza de que el Parlamento Vasco que salga de las urnas continúe con los
trabajos de la ponencia sobre las asociaciones de personas usuarias de
cannabis, para que de una vez se establezca una regulación que evite
situaciones tan absurdas como la que está viviendo. En este sentido, confían en
que el amplio consenso alcanzado en la anterior legislatura asegure que los
trabajos se concluyan en poco tiempo. También se han alegrado de que el modelo
de regulación del cannabis que defienden, basado de cultivos sin ánimo de lucro
gestionados en circuito cerrado por las propias personas usuarias, se esté
extendiendo y de que la discusión haya llegado también a los parlamentos de
Uruguay y Portugal, donde se debatirán sendas propuestas de regulación del
cultivo de cannabis que incluyen fórmulas semejantes.
Bilbao, 11 de octubre de 2012
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